Espert procesado: la trama de los 200 mil dólares y el rol de Machado

El juez federal Lino Mirabelli, de San Isidro, procesó a José Luis Espert por presunto lavado de dinero. La resolución judicial también le impuso un embargo de mil millones de pesos y la prohibición de salir del país. La investigación se enfoca en una transferencia de 200 mil dólares que el exdiputado recibió en 2020, vinculada al empresario Federico "Fred" Machado.

Los fondos, según la causa, habrían sido enviados desde una firma ligada a Machado a una cuenta de Espert en Estados Unidos. El magistrado consideró corroborada la aplicación de ese dinero de origen ilícito, señalando que Espert conocía que Machado manejaba "cajas o negocios espurios". Machado, por su parte, es un empresario investigado en Estados Unidos por delitos financieros y narcotráfico, y fue extraditado a ese país. La transferencia se habría relacionado con Minas del Pueblo, una empresa minera de Guatemala asociada a Machado.

La decisión judicial alcanzó también a Mariano Alejandro Cosentino, contador de Espert, procesado como partícipe necesario del delito de lavado y con un embargo de 700 millones de pesos. Además, se dispuso un embargo de 500 millones de pesos sobre la sociedad familiar Varianza SA. Espert, en su defensa, sostuvo que el dinero correspondía al pago por un contrato de asesoría profesional para la compañía, presentando un descargo de 141 páginas y documentación que, según su versión, respaldaría la legitimidad de la operación. Sin embargo, la fiscalía mantiene la sospecha de que el contrato pudo ser una maniobra simulada para blanquear activos.

El exdiputado se refirió públicamente al caso en agosto, defendiendo la trazabilidad de la operación. "El pago llegó a MI cuenta, con MI nombre en la referencia de la transferencia. Un solo giro, entero, de banco a banco. El que lava esconde su nombre. Yo lo puse en cada papel", afirmó. Este procesamiento llega luego de que la Cámara Federal de San Martín rechazara dos planteos de Espert para frenar la investigación, incluyendo pedidos para anular pruebas y recusar al fiscal. La defensa del exdiputado adelantó que apelará la resolución ante la Cámara Federal.